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PorjLeonett

Alertan de página en FB por trata en Guatemala

Diversos llamados a denunciar la pagina Gente Linda de Chiquimula se han vertido desde este mañana. Aducen que ésta fomenta la pornografía infantil.

La gran cantidad de niñas en ropa interior llamó la atención de diferentes usuarios de la red social Facebook, quienes desde tempranas horas del lunes iniciaron una campaña para denunciar el fanpageGente Linda de Chiquimula, por instar a la pornografía infantil.

En la página, que se cataloga como un álbum, se observan diferentes fotografías de niñas que van desde los siete hasta los 15 años, aproximadamente. Ellas aparecen posando en ropa interior. Dentro de los comentarios vertidos en las fotografías, existe el rechazo de los usuarios.

Comentarios como: “Creo que esta página es una burla a la inocencia de las niñas que publican sus.fotos. Este tipo de páginas sólo provocan e incitan al morbo” (sic), e incluso hay quienes hacen referencia a denunciarlos ante las autoridades: “Xq se dedican a publicar fotos de niñas??? Ustedes tienen q ser demandados ante el MP y la PDH donde está.? (sic)”.

De acuerdo a los datos de la página, en la última semana aumentó sus seguidores en un 42.1 por ciento, y quienes más la siguen son jóvenes de entre 18 a 24 años.

Norma Cruz, directora consultiva de Fundación Sobrevivientes, indicó que han estado pendientes de “este tipo de páginas que funcionan como catálogos que buscan potenciales compradores de menores”.

El problema es que esta no ha sido la única página. Según registros de El Refugio de la Niñez, desde hace un año se mantiene un monitoreo en el fanpageSalama Al Desnudo que, al igual que la página de Chiquimula, ha publicado a menores en ropa interior.

“Desde hace un año hemos colocado denuncias ante el Ministerio Público advirtiendo esta situación, pero no hay una fiscalía especifica, y la fiscalía de trata no tiene el suficiente personal ni las herramientas tecnológicas para hacer las investigaciones”, aseveró Leonel Dubón, director del Refugio.

Víctimas desconocen fin de sus fotos

“El problema es que muchas de las niñas desconocen para qué están usando sus fotos”, explicó Cruz, al indicar que las mujeres son engañadas para tomarse fotografías de ese tipo. En otros casos son robadas de los perfiles.

Según las indagaciones de ambas instituciones, quienes están a cargo de este tipo de páginas hacen contacto vía redes sociales o son jóvenes que conocen a las menores, a quienes enamoran y convencen de enviarles fotografías con poca ropa o desnudas.

Al obtener las imágenes las colocan en las redes sociales en una especie de catálogo. “El problema es que desde su publicación se está cometiendo un delito en contra de la niña, se vulnera su dignidad”, indicó Dubón.

“La seriedad de esto es que cuando aparece un potencial comprador, las niñas son secuestradas. En muchos de los casos no vuelven a aparecer”, agregó Cruz.

A esto se aúna que existe poca información y poca indagación, según la percepción de ambos directores. Al momento los entes encargados de investigar no han actuado de oficio en esta situación. “Son nuevos delitos cibernéticos, en los que el país está sumamente atrasado para poder investigar”, recalcó Dubón.

Fuente> Diario Digital  GT

PorjLeonett

Roban programa para crear documentos personales de Guatemala

Los datos confidenciales que se encuentran en el documento personal de identificación (DPI) han quedado a merced de ser comercializados o utilizados en falsificaciones o clonaciones para cometer hechos ilícitos, debido a que fue robado el programa de cómputo que los lee, el cual es de uso exclusivo en el Registro Nacional de las Personas (RENAP), lo que pone en riesgo la seguridad jurídica de los guatemaltecos.
DPI: Documento público, personal e intransferible, de carácter oficial. Todos los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados, inscritos en el RENAP, tienen el derecho de solicitar y obtener el DPI.
Datos confidenciales como la dirección de residencia, las huellas dactilares, características especiales de la persona, como su origen étnico y su nivel de escolaridad, y el nombre de los padres, todos contenidos en el chip que está inserto en el DPI, son los que pueden ser usados por cualquiera que adquiera el programa que habría sido sustraído a la empresa Easy Marketing, la cual fabrica el documento de identificación que es entregado a los ciudadanos en las sedes del RENAP. 

El robo del programa consta en la denuncia penal identificada como MP 001-2013-143409, presentada el año pasado por la citada empresa en la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, del Ministerio Público. El RENAP no se ha adherido al proceso, aunque sí tiene conocimiento del mismo, según su director, Rudy Gallardo. 

Peligran los datos

Aunque la denuncia por el robo del programa es contra la empresa citada, fuentes consultadas aseguran que los códigos para leer la información confidencial se estarían vendiendo al mejor postor, lo cual deja a merced de cualquiera los datos privados que pueden ser copiados en cualquier momento y lugar, incluso en actos cotidianos como entregar el DPI para hacer un pago o hacer trámites donde el documento quede fuera de la vista del propietario. 

De acuerdo con Lorena Escobar, analista en temas de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el hecho deja a la mayoría de los guatemaltecos expuestos a diversas situaciones. 

“Con la dirección podrían hacer preferencias de mercadeo o discriminación. Se podría hacer una clasificación por edades para el robo de propiedades, se aprovecharían de los grupos vulnerables como las personas de la tercera edad que tengan bienes inmuebles”, explicó Escobar. 

La abogada afirmó que otro de los hechos en que podrían ocurrir es el lavado de dinero, ya que se podrían abrir cuentas bancarias con DPI falsos. 

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells calificó de “terrible” que se pueda decodificar la información sensible y que la lleguen a comercializar. 

“Hay delitos, no se pueden comercializar los datos, y el Ministerio Público debe perseguir a quienes lo hagan. El tema institucional tendrá una salida, pero los ciudadanos quedamos vulnerables, lo que es preocupante. El RENAP debe presentar una denuncia. Solo el hecho de tener la información de los guatemaltecos es mucho poder”, indicó Balsells. 

Lizandro Acuña, analista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, señaló que el robo tiene sentido, pues ya hay empresas que venden listados de personas y se incluyen direcciones, correos electrónicos y el número del DPI. 

“La falta de control demuestra que existe una responsabilidad de la empresa denunciante y del RENAP. No se tuvo las medidas de seguridad para que la información no salga a luz pública”, refirió Acuña. 

Venta de datos personales

La Ley de Acceso a la Información prohíbe la comercialización de datos personales. 

En el artículo 9, punto 2, se califica como datos sensibles “aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, tales como los hábitos personales, de origen racial, el origen étnico, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza”

El artículo 64 de esa normativa establece que “quien comercialice o distribuya por cualquier medio archivos de información de datos personales, datos sensibles o personales sensibles, protegidos por la presente ley sin contar con la autorización expresa por escrito del titular de los mismos, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, y el comiso de los objetos instrumentos del delito”

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios. 

“No se tuvo las medidas de seguridad para guardar la información, puede contribuir al robo de identidad, así como a la falsificación de documentos de bienes muebles e inmuebles” dice Lizandro Acuña, analista de Ipnusac. 

Es un delito

El director ejecutivo del RENAP, Rudy Gallardo, quien reconoció saber del robo, explicó sobre las implicaciones que tiene que otras personas utilicen el sistema, y que al vender el programa se puede incurrir en un delito. 

“No existe peligro como tal, la información que se tiene es sensible y no está disponible al público, pero en el momento que entrego mi DPI para que lean la información, doy el consentimiento para que obtengan mi información. Al final de cuentas la persona que lo hace está haciendo una base de datos, pero si luego la comercializa incurre en un delito, pero no es viable, pues se necesitan muchos lectores de DPI”, indicó Gallardo. 

La empresa niega el robo

Mario Jerez Zachrisson, uno de los denunciados y quien atendió a Prensa Libre instalaciones de Cotegsa, indicó que no tiene relación con la empresa y que desconoce sobre la denuncia penal.

Aseguró que el programa que comercializan es propiedad de CoTeGsa y que obtuvieron el permiso del Registro de Propiedad Intelectual, el cual mostró físicamente.

Fernando Gómez, trabajador de la empresa, dijo que se tienen un programa que lee los DPI, pero los datos sensible siguen intactos. “No somos los únicos que tenemos la tecnología de lectura de DPI existen otras empresas”, dijo Gómez. 

Fuente: Prensa Libre

PorjLeonett

Denuncian a empresa por supuesto robo de información de DPI

Los datos confidenciales que se encuentran en el documento personal de identificación (DPI) han quedado a merced de ser comercializados o utilizados en falsificaciones o clonaciones para cometer hechos ilícitos, debido a que fue robado el programa de cómputo que los lee, el cual es de uso exclusivo en el Registro Nacional de las Persona (Renap), lo que pone en riesgo la seguridad jurídica de los guatemaltecos.

 

CIUDAD DE GUATEMALA- Datos confidenciales como la dirección de residencia, las huellas dactilares, características especiales de la persona, como su origen étnico y su nivel de escolaridad, y el nombre de los padres, todos contenidos en el chip que está inserto en el DPI, son los que pueden ser usados por cualquiera que adquiera el programa que habría sido sustraído a la empresa Easy Marketing, la cual fabrica el documento de identificación que es entregado a los ciudadanos en las sedes del Renap.

El robo del programa consta en la denuncia penal identificada como MP 001-2013-143409, presentada el año pasado por la citada empresa en la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, del Ministerio Público. El Renap no se ha adherido al proceso, aunque sí tiene conocimiento del mismo, según su director, Rudy Gallardo.

La denuncia es contra Conceptos Tecnológicos Gerenciales, S.A. (Cotegsa) y sus representantes, Leslie Batres Solórzano y Mario Jerez Zachrisson, a quienes se acusa de hurto, violación a los derechos de propiedad y reproducción de instrucciones o programas de
cómputo.

Jerez Zachrisson fue hasta abril pasado asesor del Directorio del Renap y fue director tecnológico de Easy Marketing.

Además, fundador de Corporación Inmobiliaria La Luz, empresa que emitió los pasaportes desde 1999, y de Intelident, S.A., que vendió un millón de libretas para pasaportes a la Dirección General de Migración. Aseguró que ya no es parte de ninguna de las empresas mencionadas.

Aunque lo niega, a Cotegsa se le vincula con la licitación que en julio último hizo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para monitorear las cuentas en redes sociales de periodistas y medios de comunicación.

PELIGRAN DATOS

Aunque la denuncia por el robo del programa es contra la empresa citada, fuentes consultadas aseguran que los códigos para leer la información confidencial se estarían vendiendo al mejor postor, lo cual deja a merced de cualquiera los datos privados que pueden ser copiados en cualquier momento y lugar, incluso en actos cotidianos como entregar el DPI para hacer un pago o hacer trámites donde el documento quede fuera de la vista del propietario.

De acuerdo con Lorena Escobar, analista en temas de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el hecho deja a la mayoría de los guatemaltecos expuestos a diversas situaciones.

“Con la dirección podrían hacer preferencias de mercadeo o discriminación. Se podría hacer una clasificación por edades para el robo de propiedades, se aprovecharían de los grupos vulnerables como las personas de la tercera edad que tengan bienes inmuebles”, explicó Escobar.

La abogada afirmó que otro de los hechos en que podrían ocurrir es el lavado de dinero, ya que se podrían abrir cuentas bancarias con DPI falsos.

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells calificó de “terrible” que se pueda decodificar la información sensible y que la lleguen a comercializar.

“Hay delitos, no se pueden comercializar los datos, y el Ministerio Público debe perseguir a quienes lo hagan. El tema institucional tendrá una salida, pero los ciudadanos quedamos vulnerables, lo que es preocupante. El Renap debe presentar una denuncia. Solo el hecho de tener la información de los guatemaltecos es mucho poder”, indicó Balsells.

Lizandro Acuña, analista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, señaló que el robo tiene sentido, pues ya hay empresas que venden listados de personas y se incluyen direcciones, correos electrónicos y el número del DPI.

“La falta de control demuestra que existe una responsabilidad de la empresa denunciante y del Renap. No se tuvo las medidas de seguridad para que la información no salga a luz pública”, refirió Acuña.

PROHIBIDA LA VENTA DE DATOS

La Ley de Acceso a la Información prohíbe la comercialización de datos personales.

En el artículo 9, punto 2, se califica como datos sensibles “aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, tales como los hábitos personales, de origen racial, el origen étnico, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza”.

El artículo 64 de esa normativa establece que “quien comercialice o distribuya por cualquier medio archivos de información de datos personales, datos sensibles o personales sensibles, protegidos por la presente ley sin contar con la autorización expresa por escrito del titular de los mismos, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, y el comiso de los objetos instrumentos del delito”.

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios.

COMENTARIO

“Se podría hacer una clasificación por edades para el robo de propiedades; se aprovecharían de los grupos vulnerables, como son las personas de la tercera edad, para el despojo”. Lorena Escobar, analista de Asíes. 

“No se tuvo las medidas de seguridad para guardar la información, puede contribuir al robo de identidad, así como a la falsificación de documentos de bienes muebles e inmuebles”. Lizandro Acuña, analista de Ipnusac.

POSTURA -Es un delito-

El director ejecutivo del Renap, Rudy Gallardo, quien reconoció saber del robo, explicó sobre las implicaciones que tiene que otras personas utilicen el sistema, y que al vender el programa se puede incurrir en un delito.

“No existe peligro como tal, la información que se tiene es sensible y no está disponible al público, pero en el momento que entrego mi DPI para que lean la información, doy el consentimiento para que obtengan mi información. Al final de cuentas la persona que lo hace está haciendo una base de datos, pero si luego la comercializa incurre en un delito, pero no es viable, pues se necesitan muchos lectores de DPI”, indicó Gallardo.

EMPRESA -Niegan robo-

Mario Jerez Zachrisson, uno de los denunciados y quien atendió a Prensa Libre instalaciones de Cotegsa, indicó que no tiene relación con la empresa y que desconoce sobre la denuncia penal.

Aseguró que el programa que comercializan es propiedad de Cotegsa y que obtuvieron el permiso del Registro de Propiedad Intelectual, el cual mostró físicamente.

Fernando Gómez, trabajador de la empresa, dijo que se tienen un programa que lee los DPI, pero los datos sensible siguen intactos. “No somos los únicos que tenemos la tecnología de lectura de DPI existen otras empresas”, dijo Gómez..

Fuente: Prensa Libre

PorjLeonett

IGSS realizará monitoreo de redes sociales de periodistas y columnistas

Según las especificaciones del contrato, cuatro son las empresas invitadas a participar.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) busca contratar un servicio técnico privado “para atención de medios de comunicación masiva, orientado al monitoreo de información, comentarios, publicaciones acerca de temas relacionados con sus funciones y servicios”.

Según el evento publicado en Guatecompras con el número 3428273, la contratación se hace “con la finalidad de garantizar la idoneidad de su imagen y servicios ante los afiliados, derechohabientes, patronos y población en general”. Para esto, afirman, “se requiere del monitoreo constante en medios de comunicación masiva, comentarios y publicaciones, ya que esto influye en el fortalecimiento o debilitamiento de las instituciones”.

El objetivo, según las autoridades del IGSS, es monitorear las quejas y denuncias sobre el Seguro Social a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Linkedin, en el apartado que señala las especificaciones del contrato se establece en el inciso 5 y 6 que “se deberán presentar diariamente estadísticas que reflejen la cantidad de publicaciones de cuentas oficiales de medios de comunicación masiva y de sus periodistas, reporteros y columnistas”, así también de las personas jurídicas e individuales.

Este servicio deberá  prestarse las 24 horas del día, durante los 365 días del año. La empresa contratada deberá mantener fidelidad y confidencialidad de la información, que será entregada a la Subgerencia Administrativa.  El monto del contrato se desconoce.

Juan de Dios Rodríguez es el presidente de la Junta Directiva del IGSS.
Juan de Dios Rodríguez es el presidente de la Junta Directiva del IGSS.

Contratación dirigida

 

La compra es restringida, es decir que no hay libertad para que cualquier empresa que quiera competir presente una oferta, solamente podrán participar las firmas invitadas. Para esto, el IGSS elaboró un listado de cuatro empresas a quienes convocó a participar. De estas, dos tienen vínculos entre sí: Sistemas Expertos en Informática, S.A. (Siexsa) y Conceptos Tecnológicos Gerenciales, S.A. (Cotegsa).

Elmer Yován Rodríguez Jerez y Mario Jerez Zachrisson aparecen en ambas empresas. El primero es fundador de Cotegsa y representante legal de Siexsa, mientras que Jerez Zachrisson fue representante legal de Cotegsa, y fundó junto a Alfredo Leonel Jiménez Hernández la empresa Siexsa.

Jerez Zachrisson es asesor del Registro Nacional de las Personas (Renap) en donde devenga un salario de Q20 mil, también fue director de Corporación Inmobiliaria La Luz, S.A. encargada anteriormente de la emisión de pasaportes desde 1999.

En 2010, elPeriódico publicó que las empresas Siexsa y Cotegsa mostraron interés en la licitación para emitir pasaportes. En ese momento, Cotegsa se ubicaba en la misma dirección de Corporación La Luz.

Un pasado en común

 

Registros de la Dirección General de Migración resaltan que una de las ampliaciones de los contratos para la emisión de pasaportes fue hecha a  Corporación la Luz, cuyo director en ese entonces era  Luis Mendizábal. Este ocupó el cargo del 1 de agosto de 2000 hasta el 25 de junio de 2001, durante el gobierno de Alfonso Portillo.

Él ha sido señalado de haber pertenecido a la “oficinita”, una organización en donde confluían las operaciones de inteligencia militar en el gobierno de Álvaro Arzú. Según algunas fuentes, él también participó como socio en La Luz.

Se hicieron 19 llamadas durante dos días al vocero del IGSS, Álvaro Dubón, pero solamente respondió a una, en la que aseguró que atendería los cuestionamientos luego de una reunión, sin embargo, no lo hizo.

Herramienta de control

 

Desde la llegada de Juan de Dios Rodríguez a la presidencia del IGSS aumentaron los señalamientos de parte de organizaciones civiles, de que desde dicha entidad se trabajan estrategias para controlar instituciones.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, evalúa como usual un monitoreo de medios, pero advierte que si se desvía de los parámetros normales de la búsqueda de información para su análisis se podría convertir en una herramienta de control.

“Hay que ver qué se va a hacer con esta información. Como medida preventiva, las entidades de prensa deben poner atención, el Procurador de los Derechos Humanos también debería tomar importancia a esta situación para las personas particulares”, comentó la analista.

Hugo Rolando López, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), dijo que este es un control que viola la libre emisión del pensamiento. “Puede ser una especie de intimidación para detener la ola de críticas por el mal servicio y la mala administración. La prensa debe unirse más, los medios deben estar alertas y hay que denunciarlos. Son cientos de periodistas que van a estar en la mira”, enfatizó.

El abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac destacó que la implementación de este sistema de monitoreo coartará la libertad de expresión y atenta con suprimir las otras libertades de los ciudadanos.

El politólogo Renzo Rosal expresa que esta contratación se encuentra fuera de las competencias del IGSS. “Más allá de las quejas, se quiere captar información privilegiada, es un petitorio producto de la operación de inteligencia militar. Se presta a que se capte información para hacer una persecución política”, apunta el analista.

Rosal también critica el proceso en Guatecompras. Que sea restringido y por excepción “evidencia el manejo secreto de la información, que en este tipo de términos de referencias puedan ser adjudicadas las empresas cercanas a grupos de poder que ya están predeterminadas” y comenta que este tipo de estrategias se utilizan en el ámbito de la inteligencia militar, “con el pasado cercano de Guatemala es preocupante que se haga esto”, indicó.

Estas son las especificaciones del contrato que el Seguro Social da a conocer por medio del portal gubernativo Guatecompras.

 

Centro de operación

Más de 300 asesores, en donde se encuentran exfiscales, defensores de militares, hijos de funcionarios, y excandidatos a puestos de elección popular fueron reclutados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Todos estos profesionales fueron beneficiados con un salario mayor a los Q20 mil, algunos pasaban de los Q30 mil. Informes de InSight Crime vinculan al jefe del IGSS con Gustavo Herrera, supuesto operador del actual gobierno en diferentes Comisiones de Postulación, y supuesto autor intelectual del desfalco de Q350 millones en el Seguro Social, durante la gestión de Alfonso Portillo.

PAVEL GERARDO VEGA > PVEGA@ELPERIODICO.COM.GT