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Control de redes sociales, ¿justicia o censura? en Guatemala

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, intentó presentar una iniciativa de ley que pretendía castigar a aquellas personas que crearan perfiles falsos en las redes sociales para engañar con objetivo sexual o menospreciar, desprestigiar, difamar, amenazar y discriminar.

La legisladora Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala se sumó a la vicepresidenta Roxana Baldetti para crear controles que eviten el mal uso de las redes sociales.

Montenegro vivió ayer los primeros altercados en Twitter por su propuesta. Desde varias cuentas, entre estas @TrollChapin_ le achacaron que quisiera “limitar las críticas desde las redes”.

La legisladora les ofreció a varios cibernautas enviarles la iniciativa para que “comprendieran que se trata de la defensa de aquellas personas que son víctimas de engaños y abusos sexuales por medio de perfiles falsos”.

Sin embargo, la preocupación de varios sectores es que se trate de un mecanismo que busque, más adelante, censurar y no darles justicia a los sectores vulnerables.

Montenegro niega que su objetivo sea ese. “Yo he sido una mujer que lucha porque haya libertad de expresión. Propuse la Ley de acceso a la información y la de Comisiones de Postulación. Soy respuetuosa de la libre emisión del pensamiento”, explica.

Baldetti es de la misma postura, asegura que “hay personas que están usando en mala forma las redes sociales.

La vicemandataria, en conjunto con otras instituciones, pidió hace tres semanas que se prohíba descargar la aplicación Secret porque “fomenta la difusión de pornografía infantil, violencia sexual y psicológica, el rumor y el desprestigio”.

El director del Centro de Estudios de Derecho, Omar Barrios, aseguró que para los delitos que plantea la diputada existen leyes, pero consideró que el problema es que no hay una aplicación de las mismas.

En la iniciativa de ley de Montenegro se plantea crear una fiscalía especial que investigue los delitos cibernéticos.

El experto Barrios asegura que crear una nueva legislación específica siempre deja un tema afuera, que después se tendrá que contemplar con más leyes. Argumenta que más leyes sirven de poco y que las que hay se deben ajustar a los tiempos.

El analista político Alejandro Baldizón expresó que en el país existe una tendencia a implementar legislación casuística y específica para problemas de coyuntura.

Aceptó que el Código Penal requiere reformas, pero no crear nuevas figuras delictivas. Agregó que el riesgo con esto es la libertad de expresión.

Miguel González Moraga, editor del espacio de discusión de periodistas “Sala de Redacción”, aseguró que la propuesta es ambigua y merece la pena explicarla mejor para “evitar suspicacias”.

“Más que leyes hay que llamar a la responsabilidad de las personas”, añadió.

Cardo Martínez, de NubeOnce, una agencia de redes sociales y reputación en línea, explicó que una persona con suficiente conocimiento y un propósito fijo puede ser muy difícil de rastrear.

“Abro una o varias cuentas de correo electrónico, según el número de perfiles que quiera abrir. Con cada correo puedo configurar una cuenta de Twitter o Facebook”, ejemplificó.

Añadió que dependiendo del servicio es posible que pidan autenticar con un número de celular, pero se resuelve comprando un chip de Q20 para verificar un mensaje de texto.

“Una ley así sólo es útil si le da al MP la justificación jurídica para obtener datos útiles sobre perfiles, ubicación de conexión, IP, posibilidades de monitoreo exacto. Esto exige que quien ejecute la ley esté versado en privacidad e identidad digital”, refiere. “El peligro potencial es que se manipule la ley para atacar a usuarios menos precavidos o preparados, que usen las redes para ejercer su libertad de expresión (como el caso de @jeanfer acusado de pánico bancario en tiempos de Álvaro Colom)”, recuerda.

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Entrevista con Nineth Montenegro 

¿En qué consiste la ley que quería presentar?

Queremos penalizar una serie de hechos que le han ocurrido a hombres y a mujeres desde perfiles falsos y también en medios impresos, que ofrecen empleos para edecanes para diversos tipos de labores y al final no es más que una fachada de donde se han dado violaciones sexuales.
¿Su iniciativa no contempla limitar la libertad de expresión?

En ningún momento, soy respetuosa de este derecho y siempre he velado porque se respete en todas las instancias. Se ha malinterpretado la iniciativa y se ha desviado del verdadero espíritu.
¿Cuál es el espíritu?

Castigar a aquellas personas que hacen mal uso de redes sociales, blogs y medios impresos para engañar a mujeres, hombres y niños y abusan sexualmente de ellos.
¿Esto no incluye limitar las críticas contra funcionarios o políticos?

De ninguna manera. No se trata de esto ni es el objetivo de la propuesta de ley. Se tergiversó nuestra propuesta y es por eso que ya no la vamos a presentar. Queremos primero consensuarla con la población para que la entienda y sepa de qué se trata.
¿Qué cambios se le haría al Código Penal?

Son tres cambios a una legislación que data de 1973, cuando solo existía la máquina de escribir. Son tres cambios muy puntuales y no tienen nada que ver con la libertad de expresión. Se concentran en tipificar los delitos que se cometan desde una red social o medios impresos y resulten en abusos sexuales o trata de personas. Eso es todo.
Su propuesta surge paralela a la de la vicepresidenta Roxana Baldetti ¿Será por eso que causó mucha suspicacia?

Es probable, pero no tiene nada que ver mi propuesta con la de Roxana. Reiteraro que no pretendo controlar a nadie, ni limitarle su derecho a expresarse. Es por eso que la retiraremos de la discusión como buena fe y para crear un mecanismo de diálogo.
¿Cree que sea necesario crear controles a las redes sociales e internet?

No, de ninguna manera. Ese no es el objeto. No se puede controlar algo de tal dimensión, pero sí se necesita que se haga conciencia sobre el buen uso de estas herramientas tecnológicas a los hijos.
¿Qué se viene ahora que decidieron ya no presentar la iniciativa?

Lo que menos queremos es causar temor, ya no vamos a presentar la iniciativa, el martes vamos a explicarle a la población de qué se trataba. No se puede navegar contra la corriente, pero sí queremos llevarles el mensaje a las jovencitas para que tengan cuidado con el uso de sus redes sociales.

Fuente: PubliNews Guatemala

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Proponen crear Fiscalía de Delitos Cibernéticos

Contemplan de cinco a 10 años de cárcel y multas hasta por Q20 mil para quienes utilicen las redes sociales con fines delictivos. La propuesta será entregada esta semana.

La ausencia de mecanismos legales para juzgar delitos que son producto del uso indebido de las redes sociales, ha motivado a la diputada de Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, para proponer al Ministerio Público crear la Fiscalía de Delitos Cibernéticos.

La jefa de la bancada EG explicó que existen nuevas formas de provocar daño físico, moral o psicológico a través del mal uso de las redes sociales, por lo que debe existir la tipificación de estos delitos juzgado por un órgano jurisdiccional competente. Entre lo que sugiere también hay reformas el Código Penal.

Se incluyen tres artículos que dotarán los mecanismos para que dicha fiscalía pueda accionar contra delitos cibernéticos que se deriven del uso indebido de las redes sociales o medios electrónicos.

Según la congresista, el uso de perfiles falsos en estos, con fines delictivos “a base de engaños y promesas de beneficios económicos o remuneraciones laborales para realizar actos con fines sexuales o eróticos”, deben ser penalizados. Los delitos a que están expuestas las víctimas son trata de personas, extorsión, violación y difamación, agregó.

En su exposición hoy, narró el caso de un hombre que por medio de un perfil falso de una empresa de modelaje en Facebook, “atrajo a cientos de mujeres². ³Las personas llegaban y eran objeto de abuso sexual”, dijo. El desenlace, hizo ver, fue que pagó una fianza de Q8 mil y salió libre.

La propuesta de la parlamentaria busca que los condenados por este tipo de crímenes sean sancionados con cárcel de cinco a 10 años y, además, multa de hasta Q10 mil, como máximo. En caso de que la víctima sea un menor de edad, la pena será de cinco a 10 años de prisión inconmutables y Q5 mil a Q20 mil de castigo económico.

Sanción para funcionarios

En la iniciativa presentada se estipula una sanción de hasta cinco años de privación de libertad para funcionarios que por medio de influencias se hagan de información que pueda ser revelada, cedida o transmitida para dañar a personas individuales o jurídicas.

“Acceder a registros informáticos, ingresar (por cualquier medio) al bando de datos o archivos electrónico”, son los delitos que quedarán penados. Con esto se busca proteger a la población ante un posible acto de desprestigio, deshonra, descrédito o desmérito por parte de un empleado público.

La Propuesta de Reformas al Decreto 1773, Código Penal, en materia de delitos electrónicos y cibernéticos, será entregada en Dirección Legislativa durante el resto de la semana, manifestó Nineth Montenegro.

 

 

Fuente: Prensa Libre

 

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PGN solicitará a juez que ordene prohibir descarga de app Secret

Autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Niñez presentarán una denuncia en el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez para que se prohíba o bloquee la descarga de la aplicación Secret. El jefe de la PGN, Vladimir Aguilar, expondrá ante el juez como la aplicación vulnera y transgrede la integridad de la niñez y la adolescencia.

Actualmente la PGN contabiliza ocho denuncias por el mal uso que se le ha dado a la red social.

El secretario de política criminal del Ministerio Público (MP), Rodman Pérez, indicó que las fiscalías de la mujer y de trata de personas serán las instancias que podrían realizar las investigaciones por el mal uso de la red Secret.

Fuente: Emisoras Unidas

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Anonymous Guatemala se atribuye ataques a páginas oficiales

A través de las redes sociales, la red de ciberpiratas Anonymous Guatemala se atribuyó el colapso de las páginas web del Ministerio de Agricultura, la Corte de Constitucionalidad y la Policía Nacional Civil (PNC).

CIUDAD DE GUATEMALA – Los cibernautas han denominado estas acciones como #OpMonsantoGT, mediante ellas manifiestan su apoyo a los pobladores que este martes bloquean diversos puntos de la ruta Interamericana para exigir la derogatoria de la Ley de Obtenciones Vegetales, también conocida como la Ley Monsanto.

La normativa tiene como objetivo resguardar los derechos del obtentor de una variedad vegetal nueva, no obstante, ha generado descontento en diversos sectores sociales, por considerar que favorecerá la privatización de las semillas.

PDF | Descargue el Decreto 19-2014, Ley de Obtención de Vegetales

El artículo 46 hace referencia a un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por Q550 millones, que serán empleados por el Ministerio de Comunicaciones para rehabilitar la carretera CA-2 oriente, no obstante, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente este inciso.

La agrupación Anonymous reitera su intención con mensajes como: “Guatemala es nuestra y lucharemos con todo. No a la Ley Monsanto”.

POR PRENSA LIBRE.COM / GUATEMALA