Proponen crear Fiscalía de Delitos Cibernéticos

Contemplan de cinco a 10 años de cárcel y multas hasta por Q20 mil para quienes utilicen las redes sociales con fines delictivos. La propuesta será entregada esta semana.

La ausencia de mecanismos legales para juzgar delitos que son producto del uso indebido de las redes sociales, ha motivado a la diputada de Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, para proponer al Ministerio Público crear la Fiscalía de Delitos Cibernéticos.

La jefa de la bancada EG explicó que existen nuevas formas de provocar daño físico, moral o psicológico a través del mal uso de las redes sociales, por lo que debe existir la tipificación de estos delitos juzgado por un órgano jurisdiccional competente. Entre lo que sugiere también hay reformas el Código Penal.

Se incluyen tres artículos que dotarán los mecanismos para que dicha fiscalía pueda accionar contra delitos cibernéticos que se deriven del uso indebido de las redes sociales o medios electrónicos.

Según la congresista, el uso de perfiles falsos en estos, con fines delictivos “a base de engaños y promesas de beneficios económicos o remuneraciones laborales para realizar actos con fines sexuales o eróticos”, deben ser penalizados. Los delitos a que están expuestas las víctimas son trata de personas, extorsión, violación y difamación, agregó.

En su exposición hoy, narró el caso de un hombre que por medio de un perfil falso de una empresa de modelaje en Facebook, “atrajo a cientos de mujeres². ³Las personas llegaban y eran objeto de abuso sexual”, dijo. El desenlace, hizo ver, fue que pagó una fianza de Q8 mil y salió libre.

La propuesta de la parlamentaria busca que los condenados por este tipo de crímenes sean sancionados con cárcel de cinco a 10 años y, además, multa de hasta Q10 mil, como máximo. En caso de que la víctima sea un menor de edad, la pena será de cinco a 10 años de prisión inconmutables y Q5 mil a Q20 mil de castigo económico.

Sanción para funcionarios

En la iniciativa presentada se estipula una sanción de hasta cinco años de privación de libertad para funcionarios que por medio de influencias se hagan de información que pueda ser revelada, cedida o transmitida para dañar a personas individuales o jurídicas.

“Acceder a registros informáticos, ingresar (por cualquier medio) al bando de datos o archivos electrónico”, son los delitos que quedarán penados. Con esto se busca proteger a la población ante un posible acto de desprestigio, deshonra, descrédito o desmérito por parte de un empleado público.

La Propuesta de Reformas al Decreto 1773, Código Penal, en materia de delitos electrónicos y cibernéticos, será entregada en Dirección Legislativa durante el resto de la semana, manifestó Nineth Montenegro.

 

 

Fuente: Prensa Libre

 

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